El debate en torno a los montos y la distribución del financiamiento público a las organizaciones políticas ha vuelto a suscitar controversia entre legisladores del oficialismo y la oposición en las sesiones del Congreso Nacional.
Mientras sectores del oficialismo sugieren condicionar la entrega de fondos estatales a la presentación de auditorías rigurosas y al cumplimiento de metas de equidad interna, legisladores opositores defienden la asignación equitativa como la única garantía para evitar que el dinero ilícito penetre las campañas electorales.
Organizaciones cívicas señalan que el problema principal no radica en la cantidad de recursos asignados, sino en la falta de régimen de consecuencias para las entidades políticas que violan la Ley de Partidos. Exigieron a la Cámara de Cuentas y a la JCE asumir un rol más fiscalizador.
