En una decisión judicial de trascendencia social y económica, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) autorizó al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) a desembolsar de forma adelantada los fondos correspondientes a las prestaciones laborales de cientos de trabajadores cesantes de la empresa Falconbridge Dominicana (Falcondo). La medida judicial responde a la situación de extrema precariedad económica que enfrentan los expempleados tras la suspensión de operaciones de la planta minera en Bonao. Con la autorización del tribunal, el Estado dominicano interviene de manera subsidiaria para garantizar el derecho a la indemnización de las familias afectadas mientras se resuelven los litigios corporativos de la empresa. Sindicatos mineros y representantes políticos de la provincia Monseñor Nouel catalogaron la sentencia como un triunfo para la justicia social. Destacaron que el adelanto de las prestaciones aliviará la presión económica en la economía local y enviará una señal de respaldo estatal hacia los derechos de la clase trabajadora.

La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, encabezó una gira de trabajo político institucional en las provincias de San José de Ocoa y Peravia, supervisando las estructuras de base y dialogando con dirigentes de la región Sur. Mejía enfatizó la necesidad de mantener la humildad, el contacto permanente con el pueblo y la eficiencia administrativa en cada una de las posiciones de gestión que ocupa la dirigencia del partido. Sostuvo que el compromiso fundamental de la organización es respaldar el proyecto de reformas éticas e institucionales encabezado por el presidente Luis Abinader. La presencia de la alta dirigente en el Sur corto consolida su liderazgo interno dentro del PRM y dinámicas de trabajo partidario en las provincias. Decenas de dirigentes locales expresaron su compromiso con el fortalecimiento de la entidad y con la defensa de los logros alcanzados por la administración oficialista.

El Ministerio de Justicia de la República Dominicana sostuvo una mesa de trabajo institucional con representantes de más de 20 universidades y centros de educación superior para incorporar la perspectiva académica en la elaboración del nuevo reglamento nacional sobre Derechos Humanos. Durante la actividad, las autoridades enfatizaron la necesidad de construir marcos normativos participativos que fortalezcan el respeto a las garantías fundamentales en las actuaciones policiales y judiciales. Las instituciones de educación superior aportarán docentes, investigadores y centros de derecho para nutrir las discusiones técnicas sobre el proyecto. Esta iniciativa marca un hito en la articulación entre el aparato estatal y el sector académico para la modernización institucional del país. Dirigentes del sector educativo saludaron la apertura del Ministerio, destacando que la formación en derechos humanos debe convertirse en un eje transversal en la formación de las futuras generaciones de servidores públicos.

El sector arrocero nacional y diversas organizaciones agropecuarias manifestaron su profunda preocupación ante las persistentes presiones ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos para que la República Dominicana derogue el Decreto 693-24, medida que protege la producción nacional de arroz frente a las importaciones desgravadas bajo el acuerdo DR-CAFTA. Dirigentes del sector agrario advirtieron que la eliminación de la salvaguarda arrocera colocaría en riesgo inminente la subsistencia de más de 30 mil productores locales y la estabilidad económica de amplias regiones del Cibao y el Sur del país. Argumentaron que el arroz no es solo un producto de la canasta básica, sino un pilar de la soberanía alimentaria y la paz social de la nación. En el plano político, legisladores de diversas bancadas han hecho un llamado al Poder Ejecutivo para mantener una posición firme en las negociaciones bilaterales con Washington. Exigieron utilizar todos los mecanismos diplomáticos y legales contemplados en el derecho internacional para defender la producción agrícola nacional frente a subsidios extranjeros.

El dirigente del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Simón Lizardo, ponderó la labor desempeñada por Francisco Javier García en los trabajos de reorganización y fortalecimiento de las estructuras internas de la entidad política a nivel nacional. Lizardo señaló que los esfuerzos desplegados por los liderazgos tradicionales del partido han permitido dinamizar los comités intermedios y recuperar la confianza de las bases tras los reveses electorales pasados. Afirmó que el proceso de renovación interna avanza a paso firme, posicionando al PLD como una opción madura y fiscalizadora frente a las ejecutorias del gobierno. Asimismo, el dirigente reiteró que la meta central de la organización es construir un programa de gobierno incluyente que responda a las demandas de estabilidad económica, empleo y seguridad que reclama la sociedad dominicana. Destacó que la unidad del liderazgo morado es el pilar fundamental para garantizar el triunfo en 2028.

El excandidato presidencial Gonzalo Castillo reapareció en la palestra pública durante un encuentro con comunitarios de Santo Domingo Norte, donde presentó una serie de propuestas orientadas a resolver las recurrentes interrupciones en el servicio eléctrico que afectan a los sectores vulnerables. Castillo criticó el incremento en las tarifas eléctricas y la frecuencia de los apagones registradora en los últimos meses, señalando que la falta de inversión en las redes de distribución ha golpeado duramente la economía de los pequeños comercios y los hogares dominicanos. Prometió que su equipo técnico trabaja en un plan integral para garantizar electricidad 24 horas y reducir las pérdidas de las EDE. Las declaraciones del dirigente político fueron recibidas con agrado por los asistentes al encuentro, reconectando con bases comunitarias de la zona metropolitana. El retorno de figuras de perfil técnico a las actividades territoriales del PLD marca la estrategia de reorganización del partido con miras a los próximos compromisos electorales.

La gestión municipal en el ayuntamiento de Santo Domingo Norte se encuentra bajo un intenso escrutinio político tras denuncias formuladas por comunitarios y dirigentes de la oposición sobre el deterioro en el servicio de recolección de desechos sólidos y la falta de mantenimiento en vías principales. Dirigentes locales de la oposición afirmaron que vastos sectores del municipio enfrentan vertederos improvisados que generan riesgos para la salud pública y afean el entorno urbano. Acusaron a la administración edilicia de falta de capacidad operativa para gestionar los contratos con las empresas recolectoras y de postergar las obras del presupuesto participativo votadas por los vecinos. Frente a las críticas, la alcaldía de Santo Domingo Norte informó que se encuentra reestructurando las rutas de recolección e incorporando nueva flotilla de camiones para optimizar el servicio en las zonas de mayor densidad poblacional. Reiteraron su compromiso con el ordenamiento urbano y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para evitar el arrojo de basura a deshoras.

Voceros de los principales partidos de oposición han denunciado ante la opinión pública y los órganos de fiscalización el presunto uso desmedido de fondos estatales en actividades de carácter proselitista organizadas por la dirigencia del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM). Según los denunciantes, la presencia constante de altos funcionarios en actos de juramentación partidaria realizados durante días laborables vulnera los principios de equidad y transparencia que deben regir la función pública. Las organizaciones opositoras adelantaron que depositarán un expediente formal ante la Junta Central Electoral (JCE) para solicitar medidas cautelares y auditorías a las nóminas institucionales. En respuesta a los señalamientos, voceros gubernamentales negaron categóricamente que se utilicen recursos del erario en labores partidarias. Aseguraron que la gestión del presidente Abinader ha sido referente de pulcritud en el gasto público y que las actividades proselitistas son financiadas de manera exclusiva con los aportes reglamentarios de los afiliados al partido.

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, emitió duras críticas contra el gobierno central, afirmando que los cuatro años de gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han significado un estancamiento e incluso un retroceso en indicadores clave del desarrollo nacional. Vargas señaló que los sectores productivos, la salud pública y el sistema educativo atraviesan por momentos de notable precariedad debido a la falta de planificación y a la improvisación en la toma de decisiones por parte de las autoridades gubernamentales. Asimismo, cuestionó el endeudamiento público contraído por la actual administración sin que se observen transformaciones estructurales de impacto. El dirigente perredeísta reafirmó el compromiso de su organización con la reconstrucción del espacio socialdemócrata en el país. Sostuvo que el PRD continuará trabajando de manera independiente y en diálogo con otros sectores de la vida nacional para presentar una propuesta de gobierno equilibrada que devuelva la estabilidad a las familias dominicanas.