La Comisión Permanente de Ética y Control del Congreso Nacional recibió a delegaciones de comunitarios provenientes de varios distritos municipales que depositaron documentos sobre presuntas anomalías en la adjudicación de contratos de obras locales.
Los legisladores de la comisión se comprometieron a analizar exhaustivamente los expedientes recibidos y convocar a los directores de las juntas distritales involucradas para que rincan cuentas sobre el manejo de las partidas presupuestarias.
El Congreso ratificó su rol fiscalizador sobre la ejecución de los recursos asignados a las administraciones locales, advirtiendo que los casos que muestren indicios de falta ética serán remitidos a los órganos de control externo del Estado.
